Entre las más de 300 leyes destaca una regulación que autoriza el establecimiento de una milicia civil para proteger la frontera con México y que tendrá facultades para disparar contra cualquier inmigrante que trate de entrar ilegalmente en territorio estadounidense. “Todavía no sabemos cómo va a funcionar exactamente esta milicia civil. Tememos que los integrantes de este grupo sean personas que tengan mucho rencor y odio”, dijo Lydia Guzmán, miembro de la organización Respect / Respeto.
Aludiendo a los casos precedentes de agentes de la Patrulla Fronteriza que dispararon contra inmigrantes, la activista dijo que con la milicia civil podría “pasar cualquier cosa”. Otra regulación que entra en vigor es la que permite recaudar donaciones privadas para erigir muros adicionales en la frontera entre Arizona y México. Los defensores de los derechos de los inmigrantes están preocupados por la interpretación que se le podría dar a algunas de estas leyes, por ejemplo a la que convierte en delito grave ayudar a organizaciones criminales o a personas que se dediquen al tráfico de personas.
Los activistas ponen como ejemplo la ley estatal “anticoyote”, cuyo objetivo inicial era castigar a los traficantes de indocumentados, pero que bajo la interpretación que le dieron las autoridades en algunos condados, acabó amparando el arresto de indocumentados bajo el cargo de conspiración por contratar a un “coyote” para ser trasladado de manera ilegal a EE. UU. Otra nueva regulación deja de reconocer las matrículas consulares emitidas por gobiernos extranjeros como identificaciones válidas ante agencias gubernamentales y del orden en el Estado.
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