La Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA) opera en México como si estuviera en su país: participa en detenciones, interroga, interviene comunicaciones, infiltra a sus soplones y, lo más grave, incluso atestigua torturas aplicadas por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR).
El aumento de la presencia de la DEA en México —autorizado por el gobierno de Felipe Calderón— se ha traducido en la participación de sus agentes en operativos en todo el país, incluido el Distrito Federal, donde han organizado hasta detenciones de presuntos traficantes.
Su gran aliada ha sido la PGR, que integra sus averiguaciones previas con la información que le proporciona la DEA y permite a sus agentes interrogar a los detenidos y llevar la información así obtenida a sus propias bases de datos. Además gestiona la extradición a Estados Unidos de los investigados por la DEA, aun cuando las incriminaciones se hagan bajo tortura.
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